En el marco de la conclusión del programa de Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional nivel Profesionalizante que coordina el doctor Freddy Ángel Castro, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Magistrado Jottin Cury presentó la conferencia magistral titulada “Principales precedentes sobre la acción directa de inconstitucionalidad en la República Dominicana”.
El doctor Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, quien destacó la importancia que reviste el que se presenten este tipo de eventos, ya que propician el diálogo y la reflexión en materia constitucional.
A seguidas le correspondió al doctor Freddy Ángel Castro presentar al magistrado Jottin Cury, resaltando que al doctor Cury le unen lazos muy fuertes con la Universidad Primada de América, primero por el hecho de que su padre fue rector de la prestigiosa casa de estudios y, segundo, porque su doctorado por la Universidad del País Vasco fue por medio del programa que tiene la UASD con la UPV.
En su ponencia el magistrado Cury destacó que “numerosos países latinoamericanos consagran el principio de la supremacía constitucional al declarar la nulidad de todos aquellos actos que puedan contravenir la Carta Fundamental. Este reconocido e indiscutible principio constituye una de las causas por las cuales se desarrolló en nuestro continente un control de la constitucionalidad tanto difuso como concentrado”.
Asimismo puntualizó que “en la República Dominicana, en distintas épocas, hemos adoptado tanto el modelo del control concentrado como el difuso. En 1924, luego de haber finalizado la primera intervención norteamericana, se votó una Constitución que en su artículo 61, numeral 5, le atribuía a la Suprema Corte de Justicia “decidir en primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos (…)”.
Siendo esta la primera vez que se adoptó el modelo de control concentrado que apenas duró tres años en razón de que en 1927 se votó otra reforma que le otorgaba a la Suprema Corte de Justicia la facultad para decidir «en último recurso sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones en todos los casos que sean materia de controversia entre partes”.
En esa misma línea continúo expresando que “el motivo por el cual no perduró el control concentrado en aquel entonces se explica por la gran cantidad de recursos que se interponían en la Suprema Corte de Justicia con propósitos dilatorios. A partir de ese momento asumimos el control difuso o por vía de excepción que perduró hasta la modificación constitucional que se produjo el 14 de agosto de 1994. El artículo 67, numeral 1, de esta última reforma, le otorgaba competencia a la Suprema Corte de Justicia para conocer “en instancia única de la constitucionalidad de las leyes”. Pero a diferencia de lo que ocurrió en 1924, la de 1994 preservó igualmente el sistema difuso y así adoptamos un modelo mixto que prevalece hasta el día de hoy».
Además de describir el rol de las acciones directas de inconstitucionalidad como una de las atribuciones del Tribunal Constitucional dominicano, según lo establece el artículo 185 de nuestro texto fundamental, el magistrado Cury procuró realizar un breve análisis de las principales decisiones dictadas por la Alta Corte.
La actividad tuvo lugar el sábado 18 del presente mes en horario de la mañana, teniendo como escenario el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y contó con la participación de los cursantes de la maestría, así como también de estudiantes y profesores de derecho de la UASD y otros invitados especiales.
